Jakue Pascual - Sociólogo
Prestigio político
Algo huele a podrido, allá donde la tierra acaba y el mar se ha vuelto negro, gracias a la codicia de unos y a la inutilidad de otros. Y a nadie se le oculta a estas alturas que las políticas capitalistas son responsables de los costes ecológicos que generan por imponer una forma de producción que acelera el deterioro planetario. Máxima que se halla en consonancia con los laberintos legales que protegen las actividades de las grandes compañías y con la irregular reglamentación que para sus actuaciones dictaminan los gestores políticos regionales.
Por eso, cuando se produce la catástrofe -y la institución dependiente falla en su determinación resolutiva y otorga prioridad al secretismo-, el Estado se anula y sólo queda pueblo. Esto es lo que hemos visto en Galicia, la gestión social de una crisis ecológica que establece inmediatamente las definiciones que tejen, a pesar de ser ya tarde para muchos de los lugares afectados, una malla de protección frente a la amenaza. Entonces, el pueblo reinstaura la solidaridad, convierte a la autoorganización en la única posibilidad de mantener la dignidad y evidencia de hecho el problema político de la pérdida de legitimidad del Estado.
Lo ecológico deviene en político. El partido opositor se extravía entre investigaciones que no pasan de rogatorias y la creación de un pacto de Estado para la gestión de la crisis, cuyos objetivos inconfesos el partido en el Gobierno hace explícitos, atacando frontalmente las plataformas solidarias y al conjunto del movimiento gallego; mientras, procuran que la desinformación, el divide y vencerás y el paso del tiempo conjuren el olvido. Así, no resulta extraño que la derecha española apuntale su decimonónica fachada gallega con viejos conocidos, repitiendo el dueto que intervino en la solución policial de la crisis social del último gobierno de Arias Navarro, cuya expresión más trágica culminó con los sucesos de Vitoria.
En el mundo global, barrido por crisis múltiples, la autoorganización sigue siendo la palabra del pueblo para socializar el riesgo. Bien lo demuestran recientemente las ollas comunes argentinas o los aarchs de la Cabilia. Tendiendo la respuesta estatal, por principio de supervivencia, hacia el control desmedido. Porque, allá donde el Estado, como gestor del Capital, se muestra insolvente para restituir los costes que éste genera (con su consentimiento, por supuesto), sólo queda la conciencia práctica del pueblo. El mal hecho es irreparable, resta dormir en la ilusión de que no vuelva o actuar para que nunca máis suceda.