Artículo escrito en la sección Iritzia de Egin el 18 de abril de 1993
Jakue Pascual - Sociólogo
La condena del estado
La sentencia definitiva para el primer insumiso guipuzcoano, juzgado con la legislación vigente desde 1988, indica un hecho incontestable: la condena tajante del Estado por parte de la sociedad vasca y la necesidad de autoabsolución que impone al propio sistema. La cuestión indica que la aplicación de la pena no se ajusta a la legislación vigente, debido a que la presión social ha sobrepasado los límites de tolerancia de la actual democracia formal, en este caso concreto. Esto significa que se sienten obligados a eludir la problemática haciendo una pirueta consistente en no llevar a efecto la amenaza de prisión, pero a la vez salvar la cara del coyuntural entramado ejecutivo con la aplicación de un castigo (4 meses y un día), en principio, simbólico.
Los-as antimilitaristas nos congratulamos de que nuestro compañero no tenga que ir a la cárcel, pero no aceptamos la condena porque es sencillamente justificativa de un mal no deseado: un Servicio Militar secuestrador. El primer eslabón del militarismo es mantener como rehén a la juventud, después vendrán las partidas presupuestarias destinadas a gastos militares en vez de a fines sociales, lo invertido en su modernización tecnológica, su visión machista, su mantenimiento de las desigualdades estratificacionales de la población y el apoyo reciproco que se brindan con los grandes intereses oligárquicos, el control espacial, el personal, el usufructo del medio ecológico, la potenciación de una mentalidad jerárquica y una cultura de la supremacia belica plasmada en la intervención directa interior o exterior, contra la propia población o contra otros pueblos. En definitiva... la lógica del poder.
La juventud vasca es el reflejo de una sociedad que les ha enseñado a ser parte de un pueblo y este hecho diferencial incide en su crítica a la pertenencia a un ejercito dependiente del poder central, pero a la vez su profundización en la práctica antimilitarista ha ensanchado los límites de la conciencia general al transmitir a esa sociedad, de la que forman parte, propuestas antiautoritarias tendentes hacia la progresiva desmilitarización de Euskal Herria en el ejercicio de mayores cotas de autogobierno.
En el caso que nos atañe, que es el de la sentencia del insumiso a la PSS, la autoabsolución del Estado se plasma en el incremento de la pena -en relación a la sentecia inicial de un mes, pero sobre todo se evidencia cuando puede implicar criterios de estandarización de la misma. Ante el problema insoluble que plantea la disyunción entre la sociedad vasca y el Estado, el tribunal que revisa la causa establece la formación de una Sala (decisión colegiada entre los diferentes organismos competentes de la judicatura de herrialde guipuzcoano), un consenso para que, a priori, se siga un desarrollo común en los centenares de juicios que se avecinan por causas similares y que competen a su jurisdición. Esto implica -siempre en teoría y en función de la coyuntura política- una delegación de las instancias centrales, una derrota del ejecutivo representado en las recomendaciones previas - efectuadas por la figura del Fiscal General del Estado- de aplicación integra de la pena (dos años y cuatro meses). En teoría, porque la práctica nos demuestra que el criterio de aplicación de la pena es aleatorio, y lo que puede estar apartemente consensuado en Gipuzkoa puede en cualquier momento devenir en endurecimiento en virtud de los vaivenes políticos, que no sociales ya que estos mantienen una dinámica de profundización antimilitarista.
Un ejemplo de esto, es el rasero púnitivo empleado en el herrialde hermano de Nafarroa, similar tanto en su tradición histórica de exención a la incorporación al ejercito recogida en los derechos forales (donde es la propia comunidad la que decide directamente sobre la conveniencia o no del reclutamiento) como en su desarrollo social del antimilitarsmo. El experimento de Nafarroa indica que, a pesar de que esta sociedad está en contra del encarcelamiento de insumisos, es factible establecer un mínimo consenso institucional para actuar enérgicamente contra los que se oponen a la mili (y la PSS), lo cual no quiere decir que deje de ser selectivo ya que no afecta de la misma manera ni a todos los que deben ser encausados ni a las penas impuestas; otro problema será la factura que pasará a la larga la sociedad navarra a quienes hoy contribuyen a castigar a los jóvenes de su propio pueblo y se alinean con los intereses centralistas.
Hay que estar alerta y la comunidad vasca debe continuar manifestando su discrepancia con la cuestión militar, representada inicialmente por el S.M., a la vez que prosigue en su profundización crítica y solidaria, como lo ha demostrado reiteradamente con su posicionamiento contra las diferentes crisis y cuestiones militares vividas tanto interna como externamente: la crisis de los euromisiles, la negativa a la entrada en la OTAN, la oposición a la Gerra del Golfo, la solidaridad con los civiles bosnios, además de oponerse firmemente a la implantacion de la central nuclear de Lemoiz y a sus consecuencias militarizantes y de eludir históricamente el reclutamiento forzoso en las diferentes guerras imperialistas...
Los ciudadanos-as vascos no comulgamos con los militares, nuestra experiencia histórica nos demuestra como se han comportado con nuestra comunidad, por esos somos totalmente críticos con las FF.AA. y con cualquiera de sus expresiones. Los datos están ahí y los jueces lo saben, como han entendido perfectamente que la sociedad vasca es solidaria con sus insumisos que son su reflejo, tal y como se ha evidenciado en el amplio colchon social que se ha interpuesto entre las necesidades actuales del Estado en materia militarista y los que las rechazan directamente.
Debemos redoblar nuestra protesta porque el riesgo involutivo en materia de condenas continúa presente, también en Gipuzkoa y el resto de la CAV, y nuestros hermanos navarros y de Iparralde son un claro ejemplo de la aplicación de las leyes con la dureza inusitada que se encamina a forzar la quiebra de sus principios y a reducir a la mínima expresión su claro posicionamiento antimilitarista.
Para los-as antimilitaristas la lucha no ha hecho más que empezar. Que el Estado resuelva sus problemas sobre el modelo obligatorio o voluntario de la mili, pero que no cuente con la complicidad de los-as jóvenes vascos porque es dudoso que se acerquen al ejército incluso en el caso de recibir una nómia en tiempos de crisis. Lo que se juega en el caso de cada objetor condenado, aunque sólo sea a cuatro meses, es nuestra libertad, la usurpación de nuestra voluntad de decisión. ¿Qué sucedería si se hiciera un referendum en Euskal Herria sobre el S.M o incluso sobre el militarismo? Nos atrevemos a pensar que un ejercicio semejante de soberanía daría al traste con los intereses militaristas estatales en nuestro territorio. La brecha está abierta, depende de nosotros-as el que se profundice hasta alcanzar nuestra soberanía -como pueblo y como individuos- en relación al militarismo.